El Tribunal de Cuentas embarga 10 millones a UGT por presuntas ayudas irregulares en el ‘caso ERE’

El Tribunal de Cuentas ha embargado a UGT 9,7 millones de euros por un expediente de responsabilidad contable del caso de los ERE de Andalucía. Concretamente, las presuntas irregularidades corresponden a la Federación de Industria, Construcción y Agro del citado sindicato, que se lava las manos en esta polémica y señala únicamente a la mencionada federación. Sin embargo, lo cierto es que es el sindicato ha avanzado que no podrán seguir con su actividad hasta que se decida si se condena o no a UGT. 

Fuentes próximas a UGT aseguran a OKDIARIO Andalucía que este embargo nada tiene que ver con UGT Andalucía, toda vez que ninguna de las sedes embargadas se encuentran en la comunidad, y advierten de que no se puede paralizar su actividad gracias al artículo 7 de la Constitución.

Según el Tribunal de Cuentas, UGT cometió irregularidades relacionadas con ayudas gestionadas de forma incorrecta en los expedientes de regulación de empleo tramitados en el ámbito de la Junta de Andalucía. De acuerdo con este expediente, este sindicato concedía a trabajadores afectados por un ERE ayudas que realmente no les correspondían, toda vez que no reunían las «condiciones exigidas».

Aunque este caso no es nuevo -lleva casi una década coleando-, UGT recibió la notificación del embargo el pasado 15 de julio ,y sostiene que ha sufrido «indefensión» porque, a su juicio, el delegado instructor del procedimiento no concreta en qué irregularidades específicas se fundamenta la imputación.

Para el sindicato, la cantidad que le exige el Tribunal de Cuentas es «objetivamente muy elevada». En su recurso defiende que «afecta al normal desenvolvimiento de la actividad del sindicato, comprometiendo su actividad sindical y en definitiva el derecho fundamental de libertad sindical (artículo 28.1 de la Constitución)».

Fraude de 40 millones

Pese a que desde UGT Andalucía (UGT-A) se hacen los sorprendidos con sus constantes acusaciones de corrupción, el Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla remitía el pasado mes de mayo a la Audiencia Provincial la causa contra la antigua cúpula directiva de UGT-A de cara a la celebración del correspondiente juicio por un posible fraude en cursos de formación por valor de 40,7 millones de euros.

Entre los 15 sindicalistas acusados de presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental, se encuentra el ex secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, y otros cuatro antiguos responsables de la organización.

El juez instructor detalla que «en la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato».